Aunque es de forma cautelar, el Juzgado de lo Mercantil número 2 de Madrid ha ordenado el cierre de la aplicación Uber y el cese de toda la actividad en España de esta aplicación que ponía en contacto a conductores que se registraban en esta Web con los posibles usuarios de estos transportes privados. Los colectivos de taxistas, en su mayoría pequeños empresarios o autónomos, estuvieron en contra de esta actividad desde que llegó hace unos meses a Barcelona.
La crisis agudiza el ingenio de los ciudadanos y de las pequeñas empresas para seguir subsistiendo; una de las ideas más extendida es la de ganar dinero con el consumo y los servicios compartidos. Uber tiene esa idea, basada en el método de muchas otras plataformas que piden suscriptores para ofertar un servicio o para acceder a una forma de compra-venta de productos usados; en su caso era poner a disposición de los visitantes de la web los coches particulares de esos inscritos en la web. A todas luces, un servicio de taxi entre particulares.
Los taxis legales ya eran una salida a la crisis
Pero con lo que nunca contaron los promotores de esta “plataforma colaborativa” es con la particularidad de la crisis en el mercado laboral español. En España para muchas personas que se quedaron sin trabajo en sectores como la construcción o el turismo, obtener una licencia (legal) de servicio de taxi era una salida laboral a su situación de desempleo y desencaje en el mercado laboral.
Para estas personas esa competencia desleal de Uber hubiese significado un duro golpe a sus economías de autónomos o pequeños empresarios. Esa competencia fraudulenta es lo que ha sancionado la sentencia de hoy, 9 de diciembre de 2014, pues la empresa por esa actividad de compartir coche se lleva un porcentaje del coste de la carrera, ya que los conductores suscritos a Uber cobran (como los taxistas legales), cantidades menores, a los usuarios que se montan en sus automóviles.
El poder de los “lobby” del taxi en Madrid
El colectivo taxista forma un núcleo laboral con fuerza en las grandes ciudades españolas, el grupo de presión de Barcelona tienen menos capacidades ante su administración, pero el grupo de presión madrileño supone en la ciudad una de las asociaciones de autónomos con más influencia sobre las instituciones públicas, municipales y las organizaciones empresariales de Madrid.
Más tarde o más temprano, los taxistas de Madrid iban a conseguir llevar a buen puerto sus reclamaciones contra esta empresa estadounidense, que para más colmo tenía su domicilio fiscal/social en un paraíso financiero. El juez de lo mercantil indica que la sentencia en contra de la actividad de Uber no es tema para el debate filosófico sobre la economía cooperativa o de la libertad de mercado en general, sino “una protección cautelar basada en la legalidad vigente”.